“La desesperación de una elección perdida alteró el manejo responsable de las cuentas públicas”

Rogelio Frigerio visitó nuevamente la provincia el viernes 2 de marzo para inaugurar obras en San Luis y La Punta. Antes de su partida ofreció una entrevista exclusiva a elchorrillero.com.

Habló del Pacto Fiscal y contó que se tratará de buscar una solución para que los municipios puedan recibir los fondos de la soja que debido a la no firma del acuerdo dejarían de percibir.

Además se explayó sobre los proyectos de obra que la Nación continuará desarrollando en San Luis, como así también cuáles son los fundamentos que persigue la ley de financiamiento de la política y transparencia.

Frigerio se refirió también al “nivel creciente de gasto” que experimentó San Luis en 2017. “Vimos lo que ocurrió entre la derrota electoral en una vuelta y el triunfo posterior”, dijo en alusión a las PASO y las generales del 22 de octubre.

“La desesperación frente a una elección que se pierde no puede llevar a que los gobernantes cambien una tradición de manejo responsable de las cuentas públicas”, sostuvo el ministro, y planteó que el Gobierno nacional promueve la reforma política para restringir “la posibilidad de que un gobernante use fondos de manera clientelar”.

-Mucho se habló del Pacto Fiscal y de la decisión que tomó San Luis de no firmarlo. ¿Cómo afecta esto a San Luis?

Es rara la actitud de la gobernación de San Luis de no sumarse a un acuerdo que 23 provincias firmaron con la Nación, porque ya firmó el pacto del ‘93, el de Cavallo y Menem, donde claramente las provincias salieron perjudicadas. Estaba claro que perdían recursos y sumaban responsabilidades como la educación básica y la salud en su totalidad.

Este acuerdo fiscal a diferencia del anterior garantizaba que las provincias no perdían recursos y se solucionaban otros tantos temas pendientes de relación entre la Nación y provincia en sectores productivos, por eso nos llama la atención y todavía no entendemos por qué la actitud de ser la única que no adhirió a un consenso fiscal firmado por la totalidad de los gobernadores, independientemente del color político que tengan.

-Hacia San Luis viajó con el senador Nacional Claudio Poogi, ¿qué hablaron?

Temas de gestión. Él sigue muy de cerca la gestión de la provincia, está muy empapado porque ha tenido experiencia en la administración y hablamos de las obras que estamos haciendo en viviendas como las de Procrear, de los nuevos proyectos que tenemos, como las que vistamos hoy.

Los fondos de la soja que a partir de la no firma del Pacto Fiscal los municipios no van a recibir, también fue un tema que conversamos con el senador Poggi. Los municipios de San Luis están pagando lamentablemente las consecuencias de la actitud del Gobierno provincial.

-El Gobierno de San Luis aumentó los impuestos un 40% y aplicó un adicional de 10% en un tributo (Automotor), ¿esto se podría haber dado si la Provincia firmaba el Pacto Fiscal?

En el acuerdo fiscal había una decisión, a la cual todas adhirieron, que era la de bajar los impuestos. La Argentina tiene una excesiva presión fiscal, para el sector productivo y para la gente, y lo que tenemos que hacer es de manera gradual ir bajando los impuestos porque la mayoría de las provincias tienen problemas fiscales, empezando por los impuestos distorsivos. Después, lo propio tienen que hacer los municipios. Deben bajar las tasas que también ahogan o complican las decisiones de inversión y generación de empleo.

El hecho de que la provincia aumente los impuestos en este momento es llamativo, porque lo que está exigiendo la sociedad es que los impuestos bajen. A nivel nacional bajamos un punto y medio en lo que va de la gestión y de acá a los próximos años vamos a bajar otro tanto, y todavía nos queda margen para cuando estemos mejor desde el punto de vista fiscal.

Una provincia que no tiene déficit está de alguna manera más obligada a darle alivio a su gente y a los sectores productivos.

Las provincias que firmaron tienen el compromiso de bajar los impuestos.

-El empleo formal en la construcción bajó en San Luis 11% en contraposición a nivel nacional que se produjo un aumento del 9,7%, ¿cómo analiza esta situación?

Creo que en parte tiene que ver con que la provincia está invirtiendo menos en infraestructura que en el pasado.

Nosotros hemos logrado con las políticas nacionales llegar a un récord de empleados en el sector formal de la economía privada; hay 6.270.000 empleos registrados en la Argentina, y también en la construcción con 420 mil trabajadores. En general esto se da en la mayoría de las provincias, hay que evaluar en cada caso por qué se da una situación distinta y ver qué se está haciendo para sumarse a esto que está ocurriendo a nivel nacional, que tiene que ver con el crecimiento del empleo y con el blanqueo de trabajadores. Recordemos que uno de cada tres trabajadores están en el sistema informal y eso es muy grave.

-El gobernador Rodríguez Saá en declaraciones a un medio de Buenos Aires dijo que San Luis está “al borde del default”, ¿qué lectura hace de eso?

Vimos lo que ocurrió entre la derrota electoral en una vuelta y el triunfo posterior. Claramente hubo un nivel creciente del gasto, inusual para una provincia que históricamente se ha comportado de manera muy responsable con las cuentas públicas.

Y tenemos que tener normas para evitar esto, porque la desesperación frente a una elección que se pierde no puede llevar a que los gobernantes cambien una tradición de manejo responsable de las cuentas públicas. Eso debería estar normado y por eso estamos impulsando una ley de financiamiento de la política y transparencia, que restrinja la posibilidad de que un gobernante use esos fondos de manera clientelar. Esperemos que nos acompañen todos los representantes de las provincias en el Senado y Cámara de Diputados y podamos sancionar esta ley este año, así estas prácticas no se pueden repetir en el futuro.

Igualmente hay que ser cuidadoso con las palabras. Una provincia como San Luis que ha recibido en los últimos 2 años y pocos meses un incremento de las transferencias de Nación de casi un 100%, no puede hablar de default. Eso es irresponsable porque genera incertidumbre en los mercados, en muchas provincias que todavía están en déficit, encaminándose gradualmente hacia el equilibrio y que necesitan el financiamiento. Este tipo de expresiones complican o pueden complicar si no se aclaran debidamente. Por eso quiero dejar en claro que no hay ninguna provincia en Argentina que incumpla sus obligaciones, y espero que la provincia lo aclare de la manera más rápida posible.

Es una provincia que durante muchos años ha mantenido una tradición de manejo responsable de las cuentas públicas, por lo menos no gastaba más de lo que ingresaba en el tesoro provincial. Hoy vemos lamentablemente que esto empieza a cambiar de la mano de una situación política que es adversa para el oficialismo. Espero que eso se revierta y la próxima gestión vuelva a la tradición de una provincia equilibrada del punto de vista fiscal y que priorice el empleo privado, un presupuesto destinado a la inversión y no al gasto corriente salarial donde no hace falta, donde no es indispensable. Que la próxima elección no profundice este cambio de tendencia que estamos viendo en la provincia en los últimos dos años.

-¿Esencialmente cuál es el espíritu de la reforma política?

Estamos planteado normas que eviten el clientelismo y normas que incrementen la transparencia. La plata que se usa para el financiamiento político y las campañas son recursos de la gente, los que recibe el Estado cuando la gente paga los impuestos, por eso tenemos la obligación de ser tan cuidadosos y transparentes en su manejo y en la explicación que le damos a la sociedad de lo que hace con esos recursos.

Estamos pidiendo que sea todo bancarizado, que no haya pagos en efectivo, que haya un control online del uso de esos fondos. Queremos terminar con la prácticas clientelares, y este es un proyecto que tiene un enorme consenso en la sociedad, en las organizaciones no gubernamentales, dentro de los partidos políticos y esperamos poder transformarlo en ley este año.

-El Gobierno relanzó la beca Progresar que está dirigido hacia los estudiantes. Se plantea incompatibilidad con los planes sociales provinciales…

Son planes sociales con diferentes objetivos. Progresar es para los estudiantes, además con las modificaciones que hicimos este año, premia al mérito y da la posibilidad de terminar los estudios. Creo que son importantes para un país que tiene en la educación un desafío pendiente en la calidad.

Entendemos que los planes sociales tienen que tener vinculación con la capacitación porque necesitamos transformar a todas esas personas que hoy no tienen acceso a un trabajo, porque entre otras cosas no están capacitadas para los desafíos en el siglo XXI.

Que la capacitación la provea el Estado, y tiene que haber siempre una vinculación entre la ayuda social a los sectores más vulnerables y la posibilidad para que esa gente salga de esa situación. Esa gente no es pobre, está en este momento en una situación de pobreza, pero el Estado tiene la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para sacarlos, lo cual es nuestro principal objetivo de gobierno. Y lo vamos a lograr si generamos trabajo de calidad y capacitamos a de miles de argentinos.

¿Qué pasa con la deuda que mantiene la Nación con la provincia, porque Rodríguez Saá acusa siempre una dilatación en los pagos?

Es bueno que haga mención al hecho de que desde el primer día de la gestión del presidente Macri se cumple con la devolución del 15% a la provincia, y no tiene que ver con la resolución judicial que paradójicamente o llamativamente se dio cuando terminaba la gestión Kirchenista. Tiene que ver con una forma de entender el federalismo, porque nosotros sin el mandato o la obligación judicial, le empezamos a devolver al resto de las provincias que no tenían ese fallo judicial a favor. Creemos firmemente en que las provincias tienen que tener esos recursos que los gobiernos anteriores les sacaron.

Después está cómo se resuelven los periodos pasados, lo que se generó en los gobiernos nacionales que entendían la política como una forma que nosotros queremos desterrar: la concentración de recursos y de poder a nivel central para disciplinar aquellos gobiernos que piensen distinto. Eso terminó en la Argentina el 10 de diciembre de 2015.

Pero recibimos un país quebrado, con uno de los déficits más altos de la historia y no podemos resolver todos los problemas de un día para el otro. Por eso estamos analizando la mejor forma de poder cumplir con esa deuda de años anteriores que tiene la Nación y vamos a llegar a un acuerdo en este tema.